SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1066/2003-R

En el escrito presentado el 12 de junio de 2003 (fs. 34 a 36), el recurrente aduce que la Fiscal recurrida, en 12 de mayo de este año, solicitó a la Jueza Cautelar expida mandamiento de allanamiento para ingresar a un domicilio no especificado del Barrio San Juan, en virtud de una denuncia telefónica anónima de que en el mismo existiría actividad de narcotráfico. La autoridad judicial, sin mayor fundamento, expidió la orden requerida para allanar un domicilio del Barrio San Bernardo, la cual no fue ejecutada por el Jefe de Frontera de la FELCN a quien estaba dirigida, sino por un funcionario policial, quien, juntamente con la Fiscal, allanaron tres inmuebles del  Barrio San Juan.

Relata que  con el  antedicho mandamiento, que sólo facultaba a registrar el inmueble,  incautaron objetos y fue aprehendido por supuesta flagrancia, sin que existan los requisitos para que opere esa figura, pues no estuvo presente en el lugar del allanamiento sino en la construcción de su casa, ubicada en otra zona, donde “no le encontraron nada”, pero igualmente fue privado de su libertad,  manteniéndose así por la ilegal resolución de detención preventiva emitida por la Jueza co - recurrida, sin que existan los elementos que los arts. 233 a 235 del Código de procedimiento penal  (CPP) establecen.