SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1125/2003-R

En este recurso la actora arguye que se siguió un proceso laboral contra su representada en el que las demandantes en forma dolosa juraron desconocer el domicilio de la demandada, por lo que se la citó por edictos y se tramitó el proceso sin ninguna defensa a su favor, en virtud de lo que, ejecutoriada la sentencia, fue detenida indebidamente  con allanamiento de su domicilio, cuando el  respectivo mandamiento no lo facultaba, con todo lo que se han vulnerado sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, y las garantías del debido proceso e inviolabilidad del domicilio.   Corresponde  analizar, en revisión, si de acuerdo a los datos del cuaderno procesal y las normas legales aplicables, se debe otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).