SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1426/2003-R

Relata que desde la imputación formal de 30 de enero de 2003, transcurrieron más de seis meses, sin que el Ministerio Público haya emitido requerimiento conclusivo alguno y la Jueza Cautelar conminado al Fiscal de Distrito, conforme dispone el art. 134 del código de procedimiento penal (CPP); con la agravante que su detención preventiva se ha convertido en una condena prematura  ante la prolongación indefinida del plazo de investigación, por lo tanto excesiva, ilegal e innecesaria, debido al incumplimiento de deberes de las autoridades.

Alega que sus pedidos para lograr el requerimiento conclusivo fueron vanos,  disponiendo los recurridos se estuviera al plazo de los seis meses, y como consecuencia de la presentación de un anterior hábeas corpus, el  Fiscal recurrido decidió imputar a una tercera persona presuntamente implicada en el caso de nombre Susana Salile Choque, para prolongar otros seis meses  la investigación.

Agrega que pese a que el tribunal de hábeas, advirtió que inclusive de oficio debía efectuarse la conminatoria al Fiscal de Distrito, considerando que los seis meses corrían para cada imputado en forma individual por el carácter personal de la responsabilidad penal; por decreto de 1 de agosto de 2003, la autoridad judicial recurrida, dispuso que los seis meses que tenía el Fiscal para investigar, corrían a partir de la última imputación efectuada recién el 29 de julio del año en curso, fundando su determinación en Sentencias Constitucionales que no contemplaron características y circunstancias similares al presente caso.