SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0013/2004

III.6   Por lo expuesto precedentemente se concluye, que la Superintendencia Forestal, al expedir las Resoluciones 13/99, 109/2002 y 60/2003 creando valores para los Certificados Forestales de Origen, actuó en ejercicio de la potestad administrativa que ostenta, dictando así  una declaración de alcance particular, dirigida al sector de exportadores de productos no maderables, condicionando el otorgamiento de una autorización forestal al pago de una suma determinada, por lo que  esas Resoluciones constituyen decisiones de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, y por consiguiente constituyen típicos actos administrativos; consecuentemente, las declaraciones o decisiones que se originan en la Administración Pública, no ingresan dentro la catalogación de disposición legal, por carecer de las condiciones anotadas precedentemente.