SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0336/2004-R

La parte recurrente sostiene que al librar mandamiento de apremio contra su representado, el Juez recurrido actuó de manera ilegal,  pues en dicho proceso laboral el demandado no tiene personería, ya que  la acción fue dirigida contra una persona que no es el representante legal del proyecto Santa Cruz - Trinidad,  pues la cabeza de sector es el Viceministerio de Transportes, y no así el Servicio Nacional de Caminos.  Agrega que en la Sentencia no se fija una suma líquida, y el hecho de haber designado un perito para el efecto, es ilegal. Finalmente, indica que antes de conminar al pago en ejecución de sentencia, la parte interesada estaba obligada a prestar una fianza de resultas, lo que no ocurrió.  En consecuencia, corresponde determinar si los hechos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección del art. 18 CPE.