SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0766/2004-R

En el memorial presentado el 4 de marzo de 2004, cursante de fs. 24 a 26 vta., el recurrente manifiesta que el 11 de diciembre de 2003, su vehículo marca Cherokee, clase jeep, modelo 2000, ingresó a dependencias de la Aduana Itinerante de Trinidad con la finalidad de acogerse al programa de regularización de vehículos indocumentados, de conformidad a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Tercera del Código Tributario Boliviano, habiendo la Empresa “Swissport”, concesionaria del recinto aduanero, emitido el formulario de registro de vehículo con los datos del motorizado, pero luego, DIPROVE señaló que el vehículo de referencia presentaba denuncia de robo, por lo que mediante Auto Administrativo de la Aduana de 18 de diciembre de 2003, se dispuso la remisión de aquel motorizado a DIPROVE y luego ante el Ministerio Público, para los fines de Ley.

Señala que el Fiscal adjunto a DIPROVE ordenó el inicio de las investigaciones, informando de la situación a la Juez Cautelar, el 12 de diciembre de 2003, durante toda la etapa investigativa, el recurrente presentó la documentación que acredita su legítimo derecho sobre dicha movilidad, y el 18 de febrero de 2004 se emitió el requerimiento conclusivo rechazando la denuncia, por lo que la Juez Cautelar dispuso que el propietario -hoy actor-, podía disponer de aquel motorizado en forma irrestricta.

Agrega que con tales antecedentes, solicitó al Fiscal asignado a DIPROVE que disponga que se proceda al desmarque del vehículo, es decir que se borre del sistema informático del Registro Único Automotor (RUA) aquel reporte de robo, habiéndose requerido en ese sentido y notificado al Director Departamental de DIPROVE, al Policía asignado a la Aduana, encargado de las certificaciones y al Encargado de la Aduana, pero cuando posteriormente quiso acogerse al programa de regularización de vehículos, el Policía asignado a la Aduana certificó nuevamente el reporte de robo de su vehículo, por lo que el trámite de nacionalización  fue paralizado, disponiéndose un vez más que su motorizado sea remitido a DIPROVE por una causa ya resuelta; que, pese a sus reclamos, el Policía asignado al recinto aduanero se resiste a certificar el desmarque del vehículo, de acuerdo al Requerimiento Fiscal, por lo que su trámite continúa paralizado, corriendo el riesgo de que la Aduana le incaute su motorizado.