SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1139/2004-R

El recurrente en el escrito de 26 de abril de 2004 (fs. 40 a 48), manifiesta que dentro de la investigación penal que por el delito de homicidio culposo y lesiones le sigue el Ministerio Público a denuncia de Rosario Ortuño de Molina contra Jorge Ticona Zúñiga y su persona, la querellante tiene como apoderado legal a Alberto Javier Morales Vargas, quien fijó domicilio procesal en el edificio Hansa, piso 15 of. 1, donde se lo notificó con la Resolución de sobreseimiento el 16 de diciembre de 2003. Posteriormente el 21 de enero de 2004 la nombrada querellante impugnó el sobreseimiento dictado por el Fiscal a tiempo de darse por notificada, aclarando que dicho escrito lleva fecha de 26 de diciembre de 2003. Posteriormente el 30 de enero de 2004 planteó incidente de nulidad manifestando que debió ser notificada personalmente y que es falsa la notificación efectuada con el sobreseimiento.

El Juez cautelar recurrido dictó Resolución declarando probado el incidente y en apelación fue ratificada por los vocales recurridos. Por lo que se ha obviado el debido proceso y desconocido sus derechos de imputado al aplicarse e interpretarse erradamente las normas tanto de la Ley Orgánica del Ministerio Público como del Código de procedimiento penal, pues el sobreseimiento no es una resolución definitiva, ya que estas únicamente son dictadas por el órgano jurisdiccional y no así por el Ministerio Público,  además se procedió a la notificación legal en el domicilio fijado por la querellante y su apoderado, y que en caso de que la misma hubiere sido defectuosa ha cumplido su finalidad.