SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1261/2004-R

El 5 de octubre de 1995, dentro de la investigación que se seguía por el Ministerio Público contra Luis Amado Pacheco Abraham y otros, los funcionarios de la “Fuerza y Lucha contra el Narcotráfico”, con la asistencia de un Fiscal, el Director de Bienes y un notario, incautaron el inmueble que adquirió de su anterior propietaria, levantando inventario de los muebles que son suyos que recibió a la muerte de sus padres, tomando en cuenta para esa incautación únicamente la declaración de Jaime Soriano Justiniano quien manifestó que era casado, por eso presumieron que eran bienes gananciales, sin haber escuchado que ella vivía separada de su ex cónyuge desde 1982, ignorando los directores de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, la diferencia entre incautación y confiscación como la competencia reconocida a los jueces de Partido Primero de Sustancias Controladas quienes ejecutan la Sentencia pronunciada en dicho caso.

Señala que la recurrida, así como sus inspectores, atribuyéndose derechos que no les competen irrumpiendo mediante notas y amenazas, le exigen la devolución inmediata de los referidos bienes, desconociendo la competencia que depende del fallo de la indicada demanda de tercería de dominio excluyente que debe resolverse previamente, no siendo atendible el fundamento de la institución porque su pedido se ampara en la norma prevista por el art. 254.3 de la Ley 1970 (CPP) que es posterior al hecho que se juzga, por lo que viendo afectados sus derechos constitucionales interpone amparo constitucional.