SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1271/2004-R

En el escrito de 23 de mayo de 2004 fs. 194 a 199 vta., el recurrente manifiesta que sus representados Guido Burgos Mojica y Daría Franco Virhuez, fueron procesados por los delitos de estafa y estelionato a instancias de Raymundo Vargas Álvarez. El proceso  se sustanció con varias irregularidades, no habiéndose acumulado elementos probatorios en las diligencias de policía judicial al igual que en el trámite del sumario, donde sus representados no fueron citados legalmente para asumir su defensa, pese a que el demandante tenía conocimiento de su domicilio real, y que la citación mediante edictos no se lo realizó conforme establece el art. 106 del Código de procedimiento penal de 1972 (CPP.1972), y que la defensora de oficio que se les designó, Carmen Guzmán Saldías, no fue notificada con su nombramiento, por lo que durante el trámite de la instrucción, no asumió su rol de defensora, toda vez que no se apersonó al Juzgado, ni interpuso los recursos previstos por Ley, lesionando su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso.

En lo que respecta al trámite del plenario, señala que la situación de sus representados no varió, toda vez que el nuevo defensor de oficio, Dionisio Banegas Claudio, no obstante de haberse apersonado en el Juzgado Cuarto de Partido en lo Penal, donde se tramitó la causa, no realizó ningún acto de defensa durante el desarrollo del debate, ya que no propuso testigos ni prueba de descargo, tampoco contra interrogó a los testigos de cargo, ni hizo mención alguna a las irregularidades con las que se desarrolló el proceso, posteriormente, la apelación que interpuso contra de la sentencia condenatoria, fue presentada extemporáneamente y sin fundamentación legal. Finalmente indica que sus representados fueron detenidos el 18 de junio de 2004, permaneciendo en la carceleta de la Comisaria 4 de Noviembre hasta el 21 de junio, cuando fueron trasladados a Palmasola.