SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1352/2004-R

Agregó que de acuerdo al art. 8.I.1 de la LM, el Municipio tiene la atribución de otorgar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de obras, servicios públicos y explotaciones económicas en su jurisdicción cuando tengan competencia para ello, sin embargo el art. 10 de la Ley de Capitalización (LC) señala que los servicios públicos -entre ellos el de transporte- corresponden a la jurisdicción nacional y serán  normados por leyes sectoriales; es así que la SIRESE tiene  como objetivo el regular y controlar las actividades de transporte, estableciendo procedimientos administrativos a los que los recurrentes debieron acudir, específicamente ante la Superintendencia de Transporte, planteando en su caso los recursos de revocatoria y jerárquico, ya que corresponde a las superintendencias sectoriales otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y registros y disponer la caducidad o revocatoria de las mismas. De otra parte el DS 24178 de 8 de diciembre de 1995 establece que la Superintendencia de Transporte es un órgano autárquico de derecho público con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y económica, con funciones de regulación de las actividades del transporte en todas sus formas, sin exceptuar el transporte urbano de servicio público, además de disponer su art. 2 inc. c) que es atribución de los superintendentes de transporte otorgar licencias y enmendarlas suscribiendo los contratos correspondientes, por último el DS 25461 de 23 de julio de 1999 dispone que la regulación de los servicios de transporte público automotor urbano será realizada por la Superintendencia de Transporte. De otra parte la Dirección de Trafico y Transporte de la Alcaldía atendiendo una serie de solicitudes de orden de necesidad social dejó sin efecto la orden emitida, por lo que al existir una normativa especifica, solicitó se declare improcedente el recurso con costas.