SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1442/2004-R

III.1. En forma previa a ingresar a dilucidar el problema planteado, es necesario establecer que el amparo constitucional, es un recurso extraordinario que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección, así lo ha instituido el constituyente boliviano en las normas previstas por el parágrafo IV del art. 19 de la CPE, las que establecen que: “La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en tal virtud, está regido por los principios de la subsidiariedad y la inmediatez. En atención al principio de inmediatez, corresponde a la parte recurrente acudir de forma inmediata a la jurisdicción constitucional, lo que implica que agotados los recursos ordinarios que la ley le otorga para el reclamo de sus derechos que considere lesionados, deberá plantear el recurso de amparo constitucional hasta los seis meses del último acto que dé por concluida la vía judicial o administrativa en la que se lesionó sus derechos; así lo determinó este Tribunal Constitucional en una nutrida línea jurisprudencial, entre otras en la SC 1157/2003-R, de 15 de agosto, en la que expresó: “(...) la jurisprudencia constitucional de manera uniforme ha establecido que el recurso de amparo debe ser planteado de forma inmediata o hasta los seis meses, luego de conocerse el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no hubiere otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía constitucional que han resultado lesionados. Entendimiento que está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos.”, manteniendo esa línea jurisprudencial se tiene las más recientes SSCC 0157/2004-R, de 4 de febrero; 0198/2004-R, de 11 de febrero; 0237/2004-R, de 20 de febrero; 0263/2004-R, de 27 de febrero; 0341/2004-R, de 16 de marzo; 0328/2004-R, de 10 de marzo, entre otras; estableciendo también con precisión desde cuándo se computa el plazo de seis meses para la presentación del recurso, en la SC 0560/2003-R, de 29 de abril, que expresó: “(...)regulando el plazo de forma razonable ajustándose al principio de inmediatez, ha establecido que el amparo podrá ser planteado hasta los seis meses de conocido el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para dejarlo sin efecto, y para el caso de que se diera el plazo deberá contarse a partir del momento en que se agotó la última instancia (...)” (las negrillas son nuestras).