SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1581/2004-R

III.3. En el caso de examen, Máxima Torrez Cuellar fue acusada, juzgada y condenada en juicio oral por el delito de tráfico de sustancias controladas cuya sentencia al haber sido apelada fue declarada admisible  y procedente, declarándola culpable de la comisión del delito de tentativa de tráfico de sustancias controladas con el fundamento de que hubo una aplicación errónea de la ley sustantiva; es decir, en este caso, por una errónea calificación de los hechos por cuya causa concluyó que no es necesario realizar un nuevo juicio al ser posible su reparación, procediendo a dictar nuevo fallo tipificando los hechos denunciados como tentativa de tráfico de sustancias controladas en lugar de tráfico, circunstancia que constituye una valoración de la prueba y los hechos que forman parte del proceso, pues esta atribución no es ajena al Tribunal de alzada en el propósito de dar una correcta aplicación a la ley, y como en el caso examinado, dictar una nueva sentencia y resolver directamente al ser evidente que no es necesaria la realización de un nuevo juicio, de acuerdo a lo expresamente señalado en la parte in fine del art. 413 del CPP.

En ese contexto cabe señalar que, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, la justicia constitucional no puede inmiscuirse en la valoración de la prueba, porque esta es una facultad que corresponde única y exclusivamente a los tribunales ordinarios. En ese sentido la SC 0889/2004-R, de 8 de junio, entre otras