SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0068/2005-R

III.3. En el caso que motiva el presente recurso, la recurrente denuncia que dos de los corecurridos hubieran ingresado por la fuerza a su domicilio, para aprehenderla, señalando primero que tal acción fue: “sin mandamiento alguno” (sic.), para luego afirmar que pretendieron aprehenderla: “con un mandamiento de aprehensión librado por la Fiscal Betcy Padilla Rosado y Soledad Molina” (sic.), lo que no fue demostrado de ninguna manera, pues las mencionadas Fiscales niegan que hubieran emitido mandamiento de aprehensión; en tal sentido, la primera aseveración de que se hubieran cometido irregularidades en la ejecución de ese mandamiento de aprehensión, no fue demostrado, de un lado, por las contradicciones en que incurre la recurrente, pues primero afirmó que no existía mandamiento alguno; y de otro, por la falta de elementos probatorios, como podría ser la presentación del mandamiento de aprehensión, los que la jurisdicción constitucional precisa para arribar a la certeza que se requiere para otorgar tutela al derecho a la libertad física ó de locomoción protegido por el recurso de hábeas corpus.

          Sin embargo, es necesario precisar que si bien no existe el mandamiento de aprehensión emitido por las corecurridas Betcy Padilla Rosado y Soledad Molina, sí existe un mandamiento de allanamiento, registro o requisa, secuestro y aprehensión de personas, otorgada por el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, a solicitud del fiscal Saúl Rosales León (fs. 29), en el departamento 1201  del Condominio Plaza Libertad; empero, tal orden fue ejecutada el 2 de octubre de 2004, según consta del informe de esa fecha cursante a fs. 30 y 31, y sólo en cuanto al allanamiento, registro, requisa y secuestro, pues no se aprehendió a ninguna persona, en consecuencia el mandamiento caducó, ya que de acuerdo a los preceptos de la parte in fine del art. 182 del CPP tiene vigencia máxima de noventa y seis horas; y no se ha demostrado que los recurridos pretendieran hacerlo valer o ejecutarlo.