SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0087/2005-R

El 8 de diciembre de 2004, aproximadamente a horas 23:00 la recurrida allanó su domicilio en compañía de su esposo -de quien se encuentra separada hace seis meses-, y de forma arbitraria la sacó a la fuerza aprovechando su condición de policía prohibiéndole además comunicarse con alguna persona y llevándola directamente a las oficinas de la Brigada de Protección a la Familia. En dichas dependencias la increpó con una serie de términos denigrantes, sacándole el cinturón y la gargantilla que llevaba puestos  y manifestándole que por expresa orden suya quedaba “arrestada”, negándosele el derecho a contar con un abogado.

Señala que desde las 00:20 del jueves 9 de diciembre hasta las 9:50 a.m. quedó privada de su libertad, sin que exista mandamiento de autoridad competente, momento en el cual fue remitida a instancias del Ministerio Público, donde la Fiscal de Materia la remitió cerca del mediodía a instancias de la Jueza de Instrucción Segunda de Familia quien dispuso su libertad.

Manifiesta que no se dieron los presupuestos de ninguna naturaleza que hicieren posible ese abuso de autoridad y cuando se trata de denuncias que tienen vinculación con violencia intrafamiliar, se ha establecido el “arresto” como una sanción que únicamente puede ser ejercitada por la autoridad jurisdiccional, sin que una policía de la Brigada de Protección a la Familia esté facultada para hacerlo y menos que esté precedida del allanamiento de un domicilio.