SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1321/2005-R

Los recurrentes solicitan tutela a sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa, a la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 inc. a) y 16.I, II y IV  de la CPE, denunciando que fueron vulnerados por la autoridad recurrida, puesto que en virtud a un operativo realizado en la localidad de Villa Candelaria, el 18 de “abril” de 2004, el recurrido emitió requerimiento para el inicio de las investigaciones contra Antonio Ovando Balderrama y otros sin especificar quienes son esas personas, efectuando además la acusación por faltas graves sin calificar ni especificar cuáles son esas faltas graves que se hubiesen cometido, por otra parte el acusado no fue notificado con el requerimiento; pese a esas irregularidades el 8 de diciembre de 2004, el recurrido emitió requerimiento de acusación contra sus personas, actuación que los ha reducido a un estado de indefensión inaceptable. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.