Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1369/2005-R
Fecha: 31-Oct-2005
II.2.
II.2. El 21 de enero de 2004, el Gerente Regional de la Aduana Cochabamba pronunció veinte Resoluciones Administrativas con relación la importación de automóviles usados antes referidos, realizando el ajuste del valor FOB y disponiendo “proceder al ajuste de la diferencia y la liquidación de tributos aduaneros más lo que fuere de ley”, aclarando que “En cumplimiento del art. 260 del RLGA, aprobado mediante DS 25870, se advierte que contra esta resolución puede interponerse impugnación en el plazo de 20 días” (sic) (fs. 9 a 11, 49 y vta.).
- recurso de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- Fragmento 3
- I.2.2. Informe de la autoridad recurrida
- a)
- c)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III.1. Sobre la supuesta violación a la garantía de irretroactividad de la Ley
- en cambio se entiende por retroactividad no auténtica conocida también como retrospectividad cuando una Ley regula o interviene en situaciones fácticas aún no concluidas”.
- en cambio la excepción de la retroactividad se aplica, especialmente, en el ámbito de las normas de carácter procesal, es decir, en aquellas que no definan o determinen derechos
- las leyes en general y las normas consignadas en ellas en particular, cuando son de naturaleza procesal no sustantiva, es decir, aquellas que regulan procesos o procedimientos, pueden ser aplicadas de manera inmediata a todos los procesos que se inicien o que están pendientes al tiempo en que entran en vigor, ello porque su aplicación tiene la finalidad de regular un hecho en la actualidad y no a situaciones o hechos pasados y debidamente consolidados…”.
- III.2.
- III.3. Sobre la incorrecta interpretación de la norma aplicable al caso
- exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada