SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0174/2005-R

Dentro del proceso penal seguido contra Francisca Arteaga Illanes por la presunta comisión de los delitos de “allanamiento y despojo”, fue pronunciada Sentencia condenándola con la pena privativa de libertad de tres años de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por la comisión del  delito de perturbación de posesión, más el resarcimiento de daño civil, costas a favor del Estado y parte civil, a regularse en ejecución de sentencia, etapa en la que, luego de haberse confirmado en todas sus partes la Sentencia, el querellante solicitó la restitución del lote 12, manzano I, de la Urbanización “Nueva Jerusalem”. Ordenada la restitución por el Juez de Instrucción Primero en lo Penal (liquidador) mediante Resolución 225/02 de 30 de septiembre de 2002 y ejecutoriada la misma, la parte civil solicitó mandamiento de desapoderamiento que fue extendido, con grave perjuicio de su mandante.

La demanda de calificación y ejecución de responsabilidad civil y costas está sujeto a las normas del Código de procedimiento civil (CPC), que en sus arts. 334 y 120 aluden a la citación con la demanda, y si se revisa los antecedentes del proceso se encontrará que el Juez de Instrucción Primero en Penal de El Alto, luego de un incidente de nulidad de diligencias, dispuso se practique nueva notificación con la demanda cuando lo que correspondía era una citación, y que, no obstante haberse pedido su nulidad en la respectiva audiencia de calificación de responsabilidad civil, el Juez rechazó el incidente planteado.

Como si fuera poco, por Acuerdo de Sala Plena 041/02 de 5 de noviembre de 2002, homologado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Juez de Instrucción Primero en lo Penal remitió obrados ante el Juez de Instrucción Cuarto de El Alto (liquidador), ahora recurrido, ante quien se apersonó Pedro Pabón sin tener mandato para apersonarse al proceso para la calificación y ejecución de la responsabilidad civil, viciando de nulidad todas sus actuaciones. Sin embargo de lo anotado, el Juez recurrido mediante Auto de 4 de agosto de 2004, que fue confirmado por el Tribunal de alzada, ordenó expedirse un nuevo mandamiento de desapoderamiento contra su mandante con facultades extraordinarias de allanamiento y rotura de candados.