SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0262/2005-R

La Jueza recurrida, Virginia del Pilar Marín Montoya, presentó informe escrito (fs. 29 y vta.) que fue leído en audiencia señalando lo siguiente: a) los actuados relativos a la ejecución penal en contra del recurrente fueron sorteados el 3 de abril de 2003, es así que con carácter previo a radicar los antecedentes del interno, solicitó informe al Director del Centro Penitenciario para conocer si el sentenciado se encontraba en el penal de San Pedro, emitiendo dicha autoridad certificado por el que se evidenció que el recurrente se encontraba detenido desde el 31 de enero de 2003 con mandamiento de condena de 8 años por el delito de transporte de sustancias controladas expedido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Liquidadora de Trinidad, Beni; b) con el objeto de no perjudicar al recurrente que ya se encontraba guardando detención por espacio de más de tres meses en el Penal de San Pedro, radicó la causa el 21 de abril de 2003, en cumplimiento del mandamiento de condena expedido por la Jueza de Instrucción en lo penal de Trinidad y del Auto motivado de traslado emitido por la Jueza de  Ejecución Penal de la misma ciudad, en los mismos que se encuentra la Sentencia del procedimiento abreviado contra el recurrente, que efectivamente no lleva la firma de la autoridad que la emitió; y  c) quien dictó la Resolución 03/02, ahora impugnada y expidió el correspondiente mandamiento de cumplimiento de condena, fue la Jueza Instructora en lo Penal de Trinidad, contra quien debió dirigir su recurso el recurrente y de ninguna manera contra su persona, pues conforme a lo dispuesto en las normas contenidas en los arts. 55 del CPP y 19 de la Ley de Ejecución penal y supervisión (LEPS) la competencia del juez de ejecución penal es la de controlar el cumplimiento de la condena, por consiguiente, al radicar la causa de ejecución penal, su autoridad se limitó a cumplir con las disposiciones legales que norman su competencia, por lo que solicitó se declare improcedente el recurso planteado.