SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0423/2005-R

El recurrente en el escrito de 17 de marzo de 2005 (fs. 2 a 5 vta.), manifiesta que el 10 de octubre de 2002, la recurrida dispuso investigación por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en su contra, en base a un informe de la Gerencia Departamental de la Contraloría, a denuncia de la Prefectura, aduciendo que su persona para habilitarse como Consejero Departamental hubiese adjuntado el Certificado de Solvencia Fiscal CBA-2002/01402, que según la revisión de Archivos y Registros no fue expedido y tendría correspondencia con el emitido a favor de Ambrosio Orellana Blas; y que conforme a los registros de la Contraloría a tiempo de su presentación, su persona tenía cargos por daño económico al Estado, mientras que el informe documentológico realizado por la Policía concluye que el documento estaría falsificado, siendo éste utilizado como prueba para incriminarle la comisión de delitos que jamás cometió y del cual cursa una simple fotocopia, que fue  legalizada por una funcionaria sin competencia, por lo que carece de valor legal y probatorio, al haberse obtenido violando sus derechos fundamentales y por medio ilícito, vulnerándose los arts. 71 y 216 del Código de procedimiento penal (CPP), por lo que no tiene eficacia alguna conforme al art. 171 del indicado Código.

Añade que el referido certificado jamás fue presentado ni falsificado por su persona, toda vez que para la reelección en su cargo utilizó el mismo documento usado para su elección, siendo que aquel apareció "misteriosamente" en su file, afirmando la Fiscal que sería de su interés la desaparición del original, cuando nunca tuvo conocimiento de él, utilizando al mismo tiempo como supuesta prueba, un informe que fue elaborado por la Contraloría en la más absoluta reserva y hermetismo, violándose nuevamente sus derechos y garantías, dejándole en indefensión.