SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0648/2005-R

         Al respecto cabe determinar si los vocales recurridos al emitir el mandamiento de condena actuaron o no con competencia, tomando en cuenta que el art. 9.I de la CPE establece como garantía del derecho a la libertad que: “Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito” (las negrillas y subrayado son nuestros). Según el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, en materia penal, competencia es: “el derecho que un Juez tiene para inquirir lo relacionado con la comisión de un delito o para juzgarlo”, sostiene asimismo que: “Para que los Jueces o Tribunales tengan competencia se requiere una condición genérica, la de que el conocimiento del asunto o de los actos en que intervengan esté atribuida por la ley a la autoridad que ejerzan, (…); siendo otra condición específica o particular, la de que el conocimiento les corresponda con preferencia a los demás Jueces o Tribunales de su mismo grado”. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico en el art. 25 de la LOJ define la jurisdicción como la potestad del Estado para administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial, siendo de orden público, no delegable y que solo emana de la ley; mientras que el art. 26 de la misma LOJ señala que la competencia es la facultad que tiene un Tribunal o Juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto.

         En consecuencia, siendo así que la jurisdicción es la potestad del Estado para administrar justicia y la competencia se constituye en la facultad del ejercicio de la jurisdicción devenida de la ley, es de suponer que toda actuación de las autoridades jurisdiccionales deben estar sometidas a la jurisdicción y competencia previstas y determinadas por la ley.