SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0749/2005-R

c) No se puede argüir que el mandamiento de condena de 10 de mayo de 2004 sea el hecho último que transgredió la garantía del debido proceso y su derecho a no ser indebidamente perseguido, sino que fue el resultado de una decisión judicial adoptada con años de anticipación porque dicha decisión fue tomada por los jueces que dictaron la Rresolución de primera instancia al condenarlo mediante Sentencia de 20 de noviembre de 2002 a seis años y ocho meses de presidio tras encontrarlo cómplice del delito juzgado y no por las autoridades ahora recurridas, que intervinieron en dicha decisión y carecen de legitimación pasiva.