SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0904/2005-R

La autoridad recurrida en el informe emitido de fs. 13 a 16 y reiterado en audiencia pública, señaló que: a) dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Patricia Trinidad Vargas Chavez contra el recurrente, se dispuso se practique la liquidación de asistencia familiar de acuerdo a los datos del proceso, que fue observado por el actor, en cuanto al contenido de la providencia, y no respecto a la liquidación, puesto que ésta fue realizada posteriormente a dicha observación; b) practicada la liquidación, el actor adjuntó literales solicitando se admitan en muestra de su responsabilidad como padre, sin haber observado la liquidación, respecto a que hubieran vuelto a la vida en común con la demandante, señalando que ésta y su hermano, en algunas oportunidades recibieron montos de dinero por concepto de asistencia familiar; c) posteriormente, velando por la igualdad de las partes, dispuso la apertura de un término incidental de prueba de seis días fijándose los puntos de hecho a probarse, entre los cuales, se dispuso que se probara si llevaron vida en común; empero, en lugar de probar este extremo, el recurrente presentó un memorial, después de más de dos meses, por cuanto lo abandonó por este tiempo, cuando el término era sólo de seis días, en el que admitió que adeudaba  un monto por concepto de asistencia familiar, sin que hubiera hecho mención en esa oportunidad de que volvieron a la vida en común, limitándose a descontar depósitos judiciales existentes en obrados y a ofrecer interrogatorio, cuando lo que correspondía ratificar la prueba que ofreció a tiempo de observar el decreto que ordenó se practique la liquidación; d) al haber apelado de la Resolución de 6 de diciembre de 2004, esa instancia será la que establezca si fue dictada conforme a Ley. Hechos que determinaron se expida el mandamiento de apremio en su contra, por cuanto la asistencia familiar es de pronto y oportuno suministro y no puede ser diferida por recurso o procedimiento alguno, haciendo constar que si bien se ordenó  dicho mandamiento, este aún no fue expedido ni firmado, por lo que no puede alegarse persecución indebida, porque aún no fue efectivizado.