SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0129/2006-R

El recurrente denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 inc. a) y 16. II y IV de la CPE, alegando que fueron lesionados por la autoridad recurrida, puesto que el 29 de marzo de 2005 la Fiscal de Sustancias Controladas de Oruro, presentó imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas; sin embargo, el 8 de julio de 2005 la citada autoridad formuló acusación en su contra a escasos tres meses y diez días de presentada la imputación formal, vulnerando con ello su derecho a la defensa, toda vez que si bien la etapa preparatoria establece un tiempo máximo de duración de seis meses; empero, ello no puede interpretarse en sentido de que la recurrida podía presentar acusación sin que hubiese transcurrido un plazo razonable de duración de la etapa preparatoria, además que si dicha Fiscal consideraba que ya había concluido la investigación debió hacer conocer esa decisión a su persona a través del Juez cautelar y no coartarle su derecho a proponer actos de defensa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.