Fragmento 4
Habiendo establecido que el derecho a la petición esta regulado, las autoridades públicas se encuentran en la obligación de respetar los procedimientos expresamente emitidos por el legislador y las disposiciones reglamentarias de la Ley de Procedimiento Administrativo, para emitir la respuesta a una petición; por ello, para establecer sí el recurrido cumplió o no con dichos preceptos, es preciso conocerlos.