SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0062/2006

En la calificación de costas procesales emergente de la acción penal privada que por los delitos de calumnia, difamación e injuria siguió contra Francisco Aguilar Ticona, se han dictado las Resoluciones impugnadas, mediante las cuales a su turno rechazaron la solicitud de convocatoria a vocal para conformar sala, conocer y resolver el recurso de compulsa formulado contra la Resolución dictada por la Jueza Segunda de Sentencia en lo Penal, que le negó la concesión del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución aprobatoria de la tasación de costas y orden de pago de honorarios de abogado. Así la recurrida Blanca Alarcón de Villarroel dictó las Resoluciones de 31 de enero y 4 de febrero de 2006 sin que hubieran sido adoptadas por la mayoría de votos requerida por las normas del art. 100 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), que disponen que se requiere de dos votos conformes, pues al tratarse de un órgano colegiado dichas resoluciones tienen relevancia para abrir la competencia del mismo; y de otro lado, la Resolución 07/2006, fue firmada por Carlos Jaime Villarroel Ferrer, que cesó en sus funciones como Vocal, ya que fue posesionado en el cargo el 20 de julio de 1999, y conforme disponían las normas previstas por el art. 126 de la Constitución Política del Estado de 1967, tenía un periodo de seis años, norma aplicable porque la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Política del Estado reformada por las Leyes 1585, de 12 de agosto de 1994, y 1615, de 6 de febrero de 1995, establecía que mientras no se promulgue la Ley del Consejo de la Judicatura (LCJ), el nombramiento de vocales se regirá por lo dispuesto en el Título III, Parte Segunda, de la Constitución de 1967 y la Ley de Organización Judicial.