SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0910/2006-R

Concluida la audiencia, el Juez de amparo denegó el recurso, condenando al pago de daños y perjuicios a la recurrente en la suma de Bs500.-, en consideración a que las autoridades interceptoras del vehículo y la mercancía lo hicieron en el uso de sus atribuciones y en todo caso, es ante ellas que la demandante debió recurrir y no directamente interponer el recurso de amparo constitucional contra otras autoridades. Además -señala el Juez de amparo-  no se adjuntó ninguna prueba por parte de la recurrente, habiendo la parte recurrida presentado documentación que evidencia que el vehículo fue decomisado porque portaba dos sacos de minerales de propiedad de la empresa “R.B.G. Minera Huanuni S.A.”.