SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0793/2007-R

Expresa que es docente de la Facultad de Derecho de la UMSA, por ello cuando el Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Facultativo de Derecho Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad emitió la Resolución 001/2005 de 8 de agosto, disponiendo la suspensión temporal de sus funciones docentes hasta que se esclarezca la denuncia en su contra por la supuesta comisión de delitos, se allanó a la misma, pues en base al derecho a la presunción de inocencia consagrado por las normas del art. 16.I de la CPE, su sueldo le era cancelado en forma normal; no obstante ello, los recurridos Raúl Jiménez, Juan Ramos y Johnny Villarroel, emitieron la Resolución 160 A/2006 de 21 de febrero, por medio de la cual resolvieron excluirlo de las planillas de pago de sueldos mensuales, aludiendo a la existencia de proceso universitario, lo cual no es evidente; empero, aún siendo verídico, las normas del art. 30 del Reglamento de Procesos Universitarios, impiden su suspensión; dicha Resolución fue comunicada a la Jefatura de Personal Docente de la UMSA el 24 de marzo de 2006, autoridad que a su vez la dio a conocer al Rector de la citada Universidad.

Señala que cumpliendo lo señalado en la SC 0273/2001-R de 2 de abril, que interpretó los arts. 20 y 34.II del Estatuto Orgánico de la UMSA determinando las vías internas para efectuar reclamos, el 9 de mayo de 2006 reclamó al Rector, al Comité Ejecutivo, al Consejo Académico Universitario, al Decano de la Facultad de Derecho que a su vez es Presidente del Consejo Facultativo, todos de la UMSA, el respeto a sus derechos, pero no fue atendido ni existe respuestas a sus peticiones, incluso existiendo una orden judicial de 4 de mayo de 2006, que ordenó la entrega de una copia legalizada de la ilegal Resolución, no ha sido respetada.