AUTO CONSTITUCIONAL 0010/2007-O

Dicha Sentencia Constitucional  expresó que el Alcalde Municipal de Santa Cruz, al emitir  la RA 504/2005  con la que revocó  su similar 058/2003 (que dispuso el colocado de sellos de aprobación de planos de construcción del edificio de la UNIFRANZ), vulneró el derecho de la parte recurrente a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso,  por cuanto no sólo resolvió un recurso jerárquico inexistente, ya que cuando mediante RA 583/2004, se anuló obrados, el Rector de la UAGRM no opuso ningún recurso de esa naturaleza, haciéndolo más bien contra el decreto de 30 de junio de 2004, que le fue rechazado por no proceder el recurso jerárquico contra actos administrativos de mero trámite, señalando la Sentencia que: " (…) resulta del todo incomprensible, sino contradictorio, que se revoque una Resolución Administrativa emitida en forma posterior a la solicitud de aprobación del plano de construcción, actuado que es  hasta el cual se anula obrados, o sea que se estaría revocando una también `inexistente Resolución´ ; al margen que todo ese "trámite" se efectuó sin conocimiento ni participación de los propietarios. Por ello, la última parte del fallo constitucional dispuso que corresponde regularizar todo procedimiento y reponiendo la Resolución 2003/58, por la que la Dirección General de Desarrollo Territorial y la Dirección de Regulación Urbana, con el visto bueno de la Oficialía Mayor de Desarrollo Territorial de la Alcaldía de Santa Cruz, autorizó el colocado de sellos de aprobación en los planos correspondientes al proyecto de la UNIFRANZ, disponer, a su vez, se ponga en conocimiento de los propietarios referidos todos los memoriales presentados por la UAGRM disponiendo su legal notificación para que éstas asuman defensa conforme a ley, tendientes a sustanciar y resolver la solicitud de revocatoria de la RA 2003/58 impetrada y la consiguiente petición de paralización de obras, y disponer que todas las Direcciones que tengan que ver con la planificación del Gobierno Municipal emitan informes técnicos sobre el uso de suelo y el estado de avance de las obras autorizadas, y con su resultado, emitir la resolución correspondiente.