SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0675/2007-R

La recurrente en el escrito presentado el 20 de junio de 2007 de fs. 19 a 23 vta.,  manifiesta, que su representado e hijo, se encuentra indebida e ilegalmente detenido en virtud a un indebido proceso penal que le siguió el Ministerio Público por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, sustanciado en el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas, que en 2002, dictó Sentencia condenatoria en su contra, confirmada en apelación por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista de 29 de enero de 2003, con el que fue notificado en el tablero del Tribunal, notificación que contiene dos firmas ilegibles y sin sello del funcionario responsable. Es así que al no haber tenido conocimiento de los fallos de instancia, los mismos se ejecutoriaron motivando se libre el mandamiento de condena en contra de su representado; empero el mismo fue emitido por los Jueces del Tribunal de Partido Tercero  de Sustancias Controladas sin tener competencia para ello, puesto que no conocieron del proceso ni pronunciaron resolución alguna.

Refiere, que el mandamiento de condena no facultaba el allanamiento de domicilio, sin embargo ingresaron al domicilio de su representado para trasladarlo a la cárcel pública de la ciudad no obstante su precario estado de salud y de no indicar el mandamiento el recinto penitenciario donde debía cumplir la pena, constituyendo todos estos hechos detención indebida e ilegal, toda vez que no tuvo conocimiento del proceso penal que se le siguió, sin permitirle el derecho a la defensa y procesarlo en total indefensión, además de los defectos del mandamiento de condenada librados por autoridades incompetentes, y lo que es peor, quien hubo autorizado el allanamiento fue un Juez de Instrucción siendo así que al encontrarse presuntamente cumpliendo condena, viene a ser competente el Juez de Ejecución Penal, autoridad que no ha realizado ninguna actuación, circunstancias por la que en demanda de un proceso y procesamiento indebidos del que deriva  la privación de libertad de su representado, interpone el presente recurso.