SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0680/2007-R

III.2. En la problemática planteada, los entendimientos jurisprudenciales son aplicables; por cuanto, de los antecedentes procesales que informan el expediente, se constata que el recurrente se encuentra sometido a un proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público por el delito de homicidio por emoción violenta, estando actualmente guardando detención en el recinto penitenciario de San Pedro en mérito a un mandamiento de detención preventiva expedido por Emiliano Santa Cruz, Juez de Instrucción de Puerto Acosta, provincia Camacho, advirtiéndose de ello que el hecho de que la autoridad jurisdiccional recurrida no se hubiere pronunciado sobre la petición de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no constituye la causa de su restricción a la libertad, sino más bien un aspecto que atañe al debido proceso que no tiene incidencia con el derecho que protege esta acción tutelar.

         Consiguientemente, al estar evidenciado que el acto considerado ilegal -falta de pronunciamiento sobre la petición de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso-, no constituye la causa directa de la supresión o amenaza de restricción al derecho a la libertad, imposibilita que este Tribunal analice lo demandado, toda vez que las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso deben ser corregidas por los órganos jurisdiccionales que conocen la causa, mediante los procedimientos ordinarios establecidos por ley, o en su defecto una vez agotadas las vías a través del recurso de amparo constitucional, con mayor razón si se tiene en cuenta que conforme informan los datos del proceso el recurrente no se encuentra en absoluto estado de indefensión, circunstancia que en su caso abriría el ámbito de este recurso.

A mayor ilustración la citada SC 0625/2005-R, expresó que: ” a través de este recurso no se pueden examinar actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente.

Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal.

De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.