SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1981/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que el recurrido, hoy demandado, Prefecto del departamento de Oruro, vulneró sus derechos a la vida, al trabajo, a la petición y a una justa remuneración, por cuanto desde el 9 de noviembre de 2004, es funcionario dependiente de dicha Prefectura habiendo suscrito más de siete contratos, pero suspendido de sus funciones el 12 de noviembre de 2007, sin considerar que es una persona con discapacidad y que por esa su condición, se encuentra protegido por la LPD 15 de noviembre de 1995, situación que CODEPEDIS, hizo conocer al Prefecto demandado, mediante notas de 9 de octubre y 12 de noviembre ambas del 2007, que a la fecha no fueron respondidas, solicitando por ello, mediante esta acción tutelar la reincorporación a sus funciones, por gozar de inamovilidad funcionaria. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes y si corresponde otorgar o denegar la tutela solicitada.