1555/2010-R

Se concluye entonces, que la jurisdicción constitucional no puede atribuirse la facultad valorativa de la prueba, que es exclusiva y privativa de la jurisdicción ordinaria, la que se limita a verificar que en la labor de valoración, el juzgador no se hubiese apartado de los marcos legales de razonabilidad, ni hubiese omitido la consideración de una prueba presentada en forma legal y que a cuya consecuencia de una o ambas omisiones se ocasione la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, requiriéndose para esa labor que al momento de impugnarla, el accionante precise de qué manera considera afectados los principios de razonabilidad y equidad, o demostrar que el juzgador se apartó de las normas que regulan dicha valoración.” (El resaltado es nuestro).

En ese sentido, la valoración de la prueba en asuntos de fondo de procesos judiciales o administrativos, corresponde a la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, y no así al Tribunal Constitucional, órgano que sólo excepcionalmente analizará si las autoridades jurisdiccionales incurrieron en omisiones transgresoras de derechos fundamentales, siempre y cuando el accionante expresamente detalle el porqué considera que los demandados se apartaron de los criterios de razonabilidad o equidad o de las normas que rigen dicha actividad.