SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0319/2010-R

Sucre, 15 de junio de 2010

Expediente: 2006-14939-30-RAC

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

En revisión la Resolución de 10 de noviembre de 2006, cursante a fs. 46 y vta., pronunciada por la Jueza Segunda de Partido Mixto y de Sentencia de Sacaba del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por Mercedes Cabrera Zurita contra Walter Robert Terán Villaroel, Alcalde del Gobierno Municipal de Sacaba, alegando la vulneración de su derecho de petición, citando al efecto el art. 7 inc. h) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

La recurrente por memorial presentado el 3 de noviembre de 2006, cursante de fs. 11 a 13, señala que ejerciendo su derecho de petición, el 5 de julio del mismo año, se apersonó ante la Alcaldía Municipal de Sacaba, manifestando los siguientes extremos: 1) La existencia del vehículo particular, marca Toyota, tipo Land Crusier, clase Jeep, cuatro puertas, color blanco, chasis FJ40287952, motor 2F304141, con placa de circulación 488-YAG, modelo 1978, y demás características descritas en el Registro Único de Automotor (RUA); 2) El referido vehículo se encuentra registrado a nombre del que en vida fue su esposo Marcos Ovidio Sandoval, 3) Su calidad de heredera forzosa ab intestado a la muerte de su esposo Marcos Ovidio Sandoval; 4) Por un error no imputable a su persona, en el RUA solo se contemplaba el nombre de su esposo y no el suyo como copropietaria, pese a que en la minuta de transferencia se encuentran ambos nombres como compradores; y, 5) Se vio en la necesidad de transferir el vehículo, para ello se apersono a la Alcaldía Municipal de Sacaba, donde le indicaron que con carácter previo debía ponerlo a su nombre y proceder al pago de la totalidad de los impuestos a la transferencia.

Hecho ilegal e injusto, ya que por registro del RUA y la fecha de matrimonio, se establece que, el vehículo fue adquirido dentro el matrimonio; consiguientemente, es de carácter ganancial, por lo que solicitó se le incluya como propietaria en la sección III del certificado RUA, no habiendo recibido a la fecha ninguna respuesta, causándole un grave perjuicio.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La recurrente, señala como vulnerado, su derecho a la petición, citando al efecto el art. 7 inc. h) de la CPEabrg.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Con los antecedentes descritos interpone recurso de amparo constitucional contra Wálter Robert Terán Villarroel, Alcalde del Gobierno Municipal de Sacaba; solicitando se declare procedente el recurso ordenando al personero municipal de Sacaba, disponga dar una respuesta pronta y efectiva, con costas y calificación de daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Efectuada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2006, como consta en el expediente de fs. 44 a 45, en presencia de la recurrente y el abogado José Mario Gandarillas Angulo en representación de Walter Robert Terán Villarroel, Alcalde Municipal de Sacaba, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

La recurrente, a través de su abogado ratificó los fundamentos del memorial presentado.

I.2.2. Informe de la Autoridad recurrida

La autoridad recurrida por medio de su apoderado José Mario Gandarillas Angulo presentó informe escrito que cursa de fs. 30 a 32, refiriendo: 1) Que, el ejecutivo municipal, mediante el departamento del RUA, no conculcó derecho alguno, por cuanto desde el momento en que se tuvo conocimiento del trámite administrativo, accionó el mismo realizando las gestiones pertinentes; 2) La recurrente mediante memorial de 5 de julio de 2006, solicitó se le incluya como copropietaria de un vehículo o en su caso se le deje pagar el 50% de los impuestos, solicitud que fue objeto de pronunciamiento y observación oportuna mediante la “Hoja de Ruta 822” de la misma fecha; y, 3) Por informe de 10 de ese mes y año, Asesoría Legal, realiza una serie de observaciones, como los datos consignados en la declaración jurada y el documento de transferencia y aspectos formales del mismo, advirtiendo hechos anómalos como: a) Habiéndose iniciado el trámite de reemplaque el 27 de septiembre de 1999, en el formulario de declaración jurada no se consignan datos relativos al estado civil del nuevo propietario, menos de la cónyuge; b) El documento de transferencia suscrito el 20 de julio de 1996, fue reconocido sin competencia, ante un Juez de mínima cuantía, cuando estos ya no existían, documento en el cual se advirtió otras falencias como el hecho de no contar con la presencia de testigos formales; c) De la documentación acompañada por la recurrente se acredita que el fallecimiento de Marcos Ovidio Sandoval ocurrió el 1 de junio de 1998; empero, según los datos de registro del propietario en el RUA, este documento ha sido extendido el 1 de octubre de 1999, después de dieciséis meses del fallecimiento del esposo de la recurrente, en el que se consigna como estado civil del propietario, soltero, aspectos que no fueron aclarados y jamás merecieron respuesta por parte de la recurrente; y, d) De haber sido conculcado algún derecho de la recurrente, ésta tenia las vías administrativas establecidas por los arts. 137, 138 y 142 de la Ley de Municipalidades (LM), así como los arts. 56, 64 y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), a objeto de agotar las instancias y recursos administrativos.

I.2.3. Resolución

La Jueza Segunda de Partido Mixto y de Sentencia de Sacaba del Distrito Judicial de Cochabamba, pronuncio la Resolución de 10 de noviembre de 2006, denegando el recurso; como fundamentos señala: i) El art. 7 inc. h) de la CPEabrg, consagra como un derecho fundamental de las personas el derecho a la petición, ii) Que el recurso de amparo constitucional por mandato del art. 19 de la CPEabrg, procede siempre que no hubiera otro medio legal u órgano para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos y amenazados, considerando que deben agotarse todos los procedimientos legales previos con relación al acto o hecho que dieron lugar al recurso; y, iii) En audiencia el representante legal del recurrido presenta el memorial de recurso adjuntando la hoja de ruta y el informe correspondiente, notificado a la recurrente en su domicilio señalado; y iv) De los datos del proceso se evidencia que la recurrente no agotó los procedimientos legales previos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Debido a la ausencia de quórum necesario, las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional quedaron paralizadas; una vez nombrados los nuevos Magistrados, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, procediéndose a su sorteo el 19 de abril de 2010; en consecuencia, la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Mercedes Cabrera Zurita, mediante memorial de 4 de julio de 2006, con cargo de recepción de 5 del mismo mes y año, dirigido al Alcalde Municipal de Sacaba, ejerciendo su derecho a la petición, solicita se le incluya como copropietaria en el RUA del vehículo particular, marca Toyota, tipo Land Crusier, clase Jeep cuatro puertas, color blanco, chasis FJ40287952, motor 2F304141, con placa de circulación 488YAG, modelo 1978; se autorice la transferencia y se le cobre el 50% de impuestos de ley (fs. 20 y vta.).

II.2. A fs. 19 cursa la “Hoja de Ruta 822” de 5 de julio de 2006, de la Alcaldía Municipal de Sacaba.

II.3. El 10 de julio de 2006, Rómulo Morales Jaimes, informa los antecedentes relativos al trámite que corresponde a la “Hoja de Ruta 822” de 5 de ese mismo mes y año, realizado por Mercedes Cabrera Zurita, de donde se infiere que existen datos y aspectos que debieron ser aclarados por la impetrante, como los consignados en la declaración jurada y el documento de transferencia con relación al reconocimiento de firmas e incongruencia de fechas en los mismos (fs. 23).

II.4. Por informe emitido por José Mario Gandarillas Ángulo, en representación de Wálter Robert Terán Villarroel, Alcalde Municipal de Sacaba, donde se ha procedido con el trámite administrativo pertinente, estableciendo observaciones en la documentación presentada por la recurrente al momento de su solicitud (fs. 30 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente, ahora accionante, señala que se ha vulnerado su derecho de petición, denunciando no haber recibido ninguna respuesta a la solicitud presentada por ella a la Alcaldía Municipal de Sacaba, dejándola en completo estado de indefensión y causándole un grave perjuicio ante la imposibilidad de vender el vehículo objeto de su petitorio. Corresponde analizar, en revisión si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.

III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009

Cuando una Constitución es reformada o sustituida por una nueva, la Constitución en sí, mantiene su naturaleza jurídica, toda vez que ontológicamente sigue siendo la misma norma -fundamental y suprema dentro de un Estado- y, precisamente por su especial y exclusiva naturaleza jurídica, su operatividad en el tiempo no es igual que de las normas ordinarias, de manera que la Constitución Política del Estado y sus disposiciones, a partir de su promulgación el 7 de febrero de 2009, se constituye en la Ley Fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico del nuevo Estado boliviano, acogiendo en su contexto valores y principios propios de la realidad sobre la cual se cimienta la convivencia social en un Estado Social y Democrático de Derecho; en consecuencia, todas las normas inferiores deben adecuarse a lo prescrito por ella (art. 410.II de la Constitución Política del Estado vigente [CPE]), pudiendo inclusive, operar hacia el pasado, por cuanto su ubicación en la cúspide del ordenamiento jurídico implica que es éste el que tiene que adecuarse a aquélla, pues sus preceptos deben ser aplicados en forma inmediata, salvo que la propia Constitución disponga otra cosa, en resguardo de una aplicación ordenada y de los principios constitucionales.

En este sentido, el art. 410.II de la CPE, establece la supremacía de la Constitución Política del Estado y el art. 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, (PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA DE LAS LEYES), determina: “Las competencias y funciones de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Agrario Nacional y del Ministerio Público se regirán por la Constitución Política del Estado y por las leyes respectivas…”.

Por consiguiente, considerando que la nueva Constitución, ha abrogado la Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores; y que la Disposición Final de la misma establece: “Esta Constitución aprobada en referéndum por el pueblo boliviano entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial”, tomando en cuenta la primacía de la Constitución, la presente Sentencia, pronunciada en vigencia de la nueva Ley Suprema, resuelve el caso concreto a la luz de las normas constitucionales actuales, sin dejar de mencionar las invocadas por el accionante al momento de plantear el recurso.

III.2. Términos en la presente acción tutelar

La Constitución Política del Estado vigente dentro de las acciones de defensa de derechos fundamentales, en el art. 128 prevé la acción de amparo constitucional, en cuyo procedimiento en el art. 129.III establece que: “La autoridad o persona demandada, será citada en la forma prevista para la Acción de Libertad.”, luego en el parágrafo IV añade que: “La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado…” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Por su parte, la Ley del Tribunal Constitucional si bien en el art. 97.I y II refiriéndose a la personería de quien interpone esta acción tutelar lo señala como “recurrente”, y contra quien se dirige lo denomina parte “recurrida”; empero, es coincidente en lo referente a la forma de resolución, cuando en el art. 102.I establece que: “La resolución concederá o denegará el amparo…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

En consecuencia, la terminología a utilizarse para referirse a la persona que interpone esta acción tutelar será “accionante” y con relación a la autoridad o persona contra quien se dirige esta acción corresponderá el término “demandado (a)”. Asimismo, en cuanto a la terminología con referencia a la parte dispositiva, en caso de otorgar la tutela se utilizará el término “conceder” y en caso contrario “denegar” la tutela.

En los casos en que no se ingresa al análisis de fondo, cabe señalar que si bien de conformidad a lo establecido por la SC 0505/2005-R de 10 de mayo y AC 0107/2006-RCA de 7 de abril, la Comisión de Admisión revisa las acciones de amparo que hubiesen sido declaradas “improcedentes” o “rechazadas” por los tribunales de garantías, existen casos en los que pese a ser admitida la acción tutelar, haberse llevado a cabo la audiencia y emitido resolución, una vez elevada la causa, en revisión ante este Tribunal, en forma posterior al sorteo, el Pleno advierte que no es posible ingresar al análisis de fondo, sea por una de las causales previstas por el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), incumplimiento evidente al principio de subsidiariedad, extemporaneidad de la acción, u otro motivo, como el incumplimiento de los requisitos de admisión previstos por el art. 97 del mismo cuerpo legal. Al respecto, este Tribunal en las SSCC 0494/2001-R y 0652/2004-R, entre otras, hasta la SC 0820/2007-R inclusive; indicó que en estos casos corresponde declarar “improcedente” el recurso.

No obstante, en resguardo de la previsión constitucional y a objeto de guardar armonía y no generar confusión con el uso de la terminología propia de la fase de admisión, corresponde en estos casos, “denegar” la tutela solicitada con la aclaración de que “no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, dado que el accionante puede nuevamente interponer la acción tutelar, siempre y cuando, cumpla con los requisitos de admisibilidad.

A fin de unificar y armonizar criterios de orden procesal, se deja constancia, que a partir de la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, corresponde utilizar la terminología precedentemente explicada, la cual será de carácter vinculante conforme disponen los arts. 4 y 44.I de la LTC, para todas las autoridades judiciales que actúen como tribunal de garantías constitucionales, como para este Tribunal.

III.3. La naturaleza jurídica del recurso de amparo constitucional y su carácter subsidiario.

El recurso de amparo constitucional previsto por el art. 19 de la CPEabrg, consagrado ahora como acción de amparo constitucional por el art. 128 de la CPE, ha sido instituido como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley.

Por su parte, la norma prevista por el art. 94 de la LTC, y la jurisprudencia constitucional, establecen la subsidiariedad del recurso de amparo constitucional, naturaleza subsidiaria que ahora está reconocida por la actual acción de amparo constitucional, conforme lo prevé el art. 129.I de la CPE, que dispone que la acción tutelar se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, de lo que se concluye que la naturaleza subsidiara del recurso de amparo constitucional, actual acción de amparo constitucional, está reconocida y preservada en la Constitución Política del Estado vigente, por lo que la jurisprudencia constitucional referida a ese carácter subsidiario, es de aplicación en los recursos de amparo constitucional.

Dentro de ese marco, corresponde señalar que la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional, ha sido desarrollada por la abundante jurisprudencia de este Tribunal, que al respecto señala: "... el recurrente debe utilizar cuanto recurso le franquee la ley, sea ante la autoridad o persona que lesionó su derecho o ante la instancia superior a la misma en caso que se trate de autoridad y, en el caso de particulares, acudir ante la autoridad que conforme a la naturaleza del acto ilegal u omisión indebida le pueda otorgar protección inmediata”, así las SSCC 1277/2003-R; 0770/2003-R, 0635/2003-R, 0445/2003-R, 0492/2003-R, 0703/2004-R, entre otras.

En ese mismo sentido, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrollando sub reglas de aplicación al citado principio de subsidiariedad, señala: ”… de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución.”

III.4. Análisis del caso

Antes de ingresar a la problemática planteada en el presente recurso, corresponde recordar que la SC 1082/2003-R de 30 de julio, sobre los derechos fundamentales, ha establecido que: “Una de las notas que caracteriza a todo derecho fundamental, es la de tener la calidad de derecho subjetivo, que faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional competente, cuando funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir tales derechos. En nuestro país, el legislador constituyente ha instituido el recurso de amparo como un medio de tutela para la eficaz salvaguarda de estos derechos; los cuales, desde un punto de vista moral y político, se consideran básicos para la convivencia humana, creando a su fragua las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en circunstancias compatibles con la dignidad humana, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia propicio para el desarrollo libre de la personalidad”.

En el caso, se constató que el 5 de julio de 2006, la accionante solicitó al Alcalde Municipal de Sacaba, ahora demandado, ordene se le incluya como copropietaria y por ende se autorice la transferencia del vehículo objeto de la solicitud, o en su caso se cobre solo el 50% de los impuestos de ley, petición que, a decir de la ahora accionante no fue atendida efectivamente; no obstante de aquello, el demandado; contradictoriamente, afirmó que dicha solicitud fue debidamente atendida y de manera eficaz, puesto que la misma fue objeto de pronunciamiento mediante la “Hoja de Ruta 822” de 5 de julio de 2006, conforme consta a fs. 19 de obrados, la cual fue debidamente notificada a la peticionante, hoy accionante, a objeto de que tome conocimiento acerca de las observaciones hechas por asesoría legal de la comuna de Sacaba.

III.5. En cuanto al derecho a la petición

Debemos considerar que la accionante debió cumplir ciertos requisitos que hagan viable lo solicitado, en ese entendido se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: “…en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) La formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) Que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente, c) Que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) Se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión” , SSCC 0310/2004-R, 0944/2004-R y 0508/2005-R ((las negrillas son nuestras).

En el caso en cuestión, se establece que la petición hecha por la accionante, fue debida y oportunamente atendida, tal cual se establece de los antecedentes del recurso, no habiéndose constatado que se hayan agotado las vías administrativas o instancias idóneas de su petitorio ante la autoridad municipal demandada; consecuentemente, debió remitirse a lo establecido por el art. 137.I de la LM, que refiere: “Las Resoluciones emitidas por una autoridad ejecutiva de Gobierno Municipal podrán ser impugnadas mediante los recursos establecidos en la presente Ley, cuando dichas resoluciones afecten, lesionen o pudieran causar agravio a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos” concordante con los arts. 138 y 142 de la misma norma legal y los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

En consecuencia, conforme el análisis efectuado se concluye que la Jueza de garantías al denegar el recurso ha efectuado una correcta aplicación de la norma.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 3 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión, resuelve, APROBAR la Resolución de 10 de noviembre de 2006, cursante a fs. 46 y vta., pronunciada por la Jueza Segunda de Partido Mixta y de Sentencia de Sacaba del Distrito Judicial de Cochabamba; y en consecuencia, DENIEGA la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Dr. Juan Lanchipa Ponce

PRESIDENTE

Dr. Abigael Burgoa Ordóñez Dr. Ernesto Félix Mur

DECANO MAGISTRADO

Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

MAGISTRADA MAGISTRADO