AUTO CONSTITUCIONAL 0403/2010-CA

Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2008 (fs. 1 a 3), Gregorio Choque Huezo solicita al Presidente y Ministros de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, promover recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad de los arts. 33 inc. a), 53 y 55 de la L1008, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Publico, por la supuesta comisión de los delitos de transporte, asociación delictuosa y confabulación.

Argumenta, que el art. 16 de la CPE abrog., establece el principio de legalidad, cuya lineamiento es establecido por el Tribunal Constitucional en la SC 0062/2002 de 31 de julio, la misma exige que las normas penales surjan del poder Legislativo, y prohíben las leyes en blanco -se delegue a otro poder, como el ejecutivo, la definición y perfección de una conducta considerada delictiva- como las previstas en los artículos que impugna como inconstitucionales; a las que Fuerbach le dio la formulación latina, “nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, nullum crimen sine poena legale” (sic), sosteniendo que todo delito y su consecuente pena, deben ser establecidos por ley, además de emerger de un órgano competente, así lo determina el art. 59.1^a de la CPE abrog., al indicar que el Poder Legislativo es el órgano encargado de dictar leyes, abrogarlas, derogarlas e interpretarlas, concordante con los arts. 29 y 30 de la Carta Magna, que en el mismo sentido sostiene que sólo el poder legislativo puede modificar los códigos y que además, las facultades otorgadas a los poderes públicos son indelegables.

Manifiesta también, que una norma debe contener todos los elementos necesarios para el juzgamiento del hecho y la determinación de la pena, lo que no sucede con los artículos que se impugnan. Tanto el art. 53 y 55 se deben remitir al art. 33 inc. a) y ésta a sus anexos I, II, III, IV y V de la L1008, para saber cuál o qué es una sustancia controlada, disposición que es inconstitucional por cuanto se remite a otro cuerpo legal, ésta delega al órgano Ejecutivo, considerando estas disposiciones  inconstitucionales y que se aplican en su contra.