SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0566/2010-R
Fecha: 12-Jul-2010
1) En cuanto al contenido de la Resolución Administrativa (RA) 002/2006 de 25 de abril, y los medios de impugnación utilizados
El recurrente expresa que el socio y representante legal de la empresa IMPORT EXPORT Y REPRESENTACIONES CARAMANÚ S.R.L., fue notificado el 26 de abril de 2006, con la RA 002/2006, emitida por el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Pando, contra la cual, se interpuso recurso de revocatoria, que fue admitido, luego de lo cual, en virtud al recurso jerárquico planteado, se emitió la RA 0127/2006 de 7 de julio, emitida por el Director Nacional a.i. del INRA, que mantiene vigentes las Resoluciones 003/2006 de 30 de marzo y 002/2006, notificada a su mandante el 31 de julio de ese año, Resolución que en fecha 28 de agosto de 2006, fue impugnada a través del contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, proceso que se encuentra pendiente de resolución, razón por la cual, señala el recurrente que no se puede aplicar la medida de desalojo en contra de un socio de la empresa y restringirla en sus actividades y derechos de propiedad, considerando que está pendiente de resolución el proceso contencioso administrativo antes señalado.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- 1) En cuanto al contenido de la Resolución Administrativa (RA) 002/2006 de 25 de abril, y los medios de impugnación utilizados
- 2) En cuanto a la ejecución de la RA 002/2006
- 3) En cuanto a la nota MPR-UGJ-283/2006
- I.1.4. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.2. Informe de las autoridades recurridas
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- i)
- ii)
- Fragmento 12
- a)
- II.4. En cuanto al Auto Interlocutorio que ordena el allanamiento
- objeto
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- “recurso de
- “accionante”
- recurso de amparo constitucional
- III.3.1. En cuanto a la Ministra de Gobierno
- no existe prueba alguna que curse en antecedentes que evidencie la participación de Alicia Muñoz Alá en el operativo de allanamiento, requisa y desalojo realizado al domicilio de Milton José Soder, por tanto, no existe correspondencia entre el acto lesivo supuestamente ocasionado al accionante y esta autoridad demandada, ya que de acuerdo a la línea jurisprudencial citada supra, la Ministra de Gobierno no puede ser considerada agraviante, razón por la cual, en relación a ella, no puede concederse la presente acción de amparo
- se tiene que la decisión de ejecutar esa decisión administrativa no la asumieron las autoridades demandadas, es decir Luis Federico Peñaranda Argandoña, en su calidad de Fiscal de Materia y Alejandro Flores Huallpa, en su calidad de Juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, ya que ellos simplemente prestarón el auxilio de la fuerza pública dispuesto en la parte dispositiva primera de la mentada Resolución,
- no pueden ser considerados como una “decisión” de allanamiento, requisa y desalojo, sino como actuaciones destinadas a ejecutar una Resolución Administrativa en el marco del respeto a derechos y garantías constitucionales, en tal sentido y a la luz del caso concreto, se tiene que la decisión de desalojo, allanamiento y requisa fue asumida por el Director Departamental del INRA y confirmada por el Director Nacional de esta entidad, autoridades que no fueron demandadas a través de la presente acción; por tanto, el Fiscal y el Juez Cautelar demandados, como se dijo, únicamente realizarón actos cuya observancia debe ser respetada para la ejecución de un acto administrativo de esta naturaleza; en consecuencia, en la problemática concreta no pueden ser considerados como agraviantes;
- el ordenamiento constitucional, de forma coherente y no aislada o paralela a otros mecanismos de defensa de derechos fundamentales, ha configurado el mecanismo específico de protección para el resguardo a los supuestos de hecho insertos en la normativa referida, que es precisamente el recurso directo de nulidad, desarrollado en el art. 120.6ª de la Constitución abrogada y 202.12 de la Constitución vigente.
- la protección del tercer componente del juez natural, es decir el referente a la competencia en cuanto a los supuestos de hecho antes descritos; es decir, usurpación de funciones que no estén establecidas por ley, ejercicio de potestad administrativa que no emane de la ley, resoluciones judiciales emitidas en ejercicio de jurisdicción que no emane de la ley o pronunciadas por autoridad jurisdiccional suspendida en el ejercicio de sus funciones o que hubieren cesado en las mismas; se encuentran resguardados específicamente por el recurso directo de nulidad.
- se evidencia que uno de los actos denunciados como lesivos por el accionante, es la supuesta usurpación de competencia de las autoridades demandadas, aspecto que tornaría nulas todas sus actuaciones, al respecto y por todos los fundamentos expuestos, se tiene que este aspecto, no puede ser analizado a través de la acción de amparo constitucional, toda vez que existe un recurso específico para su protección, cual es el recurso directo de nulidad.
- APROBAR