SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0689/2010-R

La recurrente, ahora accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la petición, al trabajo, a formular peticiones y a la propiedad privada; habiendo sido truncado el proceso de nacionalización de su vehículo, ilegalmente, desde el 9 de marzo de 2005, sin tener respuesta a pedidos formulados mediante carta notariada de 26 de abril del mismo año, peticiones verbales y memoriales de solicitud requiriendo la prosecución del programa de nacionalización, a los que la Aduana Regional, sencillamente no respondió por escrito a lo solicitado, tan sólo le expresaron “vuélvase el jueves que va a llegar una resolución de La Paz para éstos casos” (sic), ocasionándole gran perjuicio porque debe cancelar $us5.- por día de almacenaje a la Aduana. Consiguientemente, corresponde analizar, en revisión, si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.