SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1485/2011-R

Respondiendo a intereses totalmente políticos, en diciembre de 2008, el ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez Valverde, instauró un proceso penal en su contra utilizando a un seudo querellante llamado Julio Siñani Mamani, por la presunta comisión del delito de cohecho “de ochocientos dólares” y otros; hechos imaginarios e incoherentes, que lograron no solamente alejarlo del cargo de Director Legal General que ocupaba en YPFB, sino también que se lo detuviera preventivamente, recobrando su libertad pocos días después, mediante la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria.

Recientemente, mediante su abogado tomó conocimiento que ciertos funcionarios públicos de nivel intermedio de YPFB, en complicidad con el Presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz y su Secretaria, dieron la orden para notificarlo con una acusación ilegal presentada por la Fiscal de Materia recusada, Sandra Mercedes Kuncar Camacho, con el afán de detenerlo preventivamente, sobre la base de documentos que insertan datos falsos.