Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1804/2011-R
Fecha: 07-Nov-2011
II.3.
II.3. A través de nota de 28 de diciembre de 2009, Juan Carlos Montero Cari, solicitó al encargado del control Norte de la línea “4” grupo “B”, se acepte los minibuses del accionante para que trabajen de manera regular, toda vez que se levantaron las suspensiones indefinidas que pesaban sobre sus minibuses (fs. 53).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- I.3.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La cesación de los efectos de los actos considerados vulneratorios como causal de improcedencia de la acción tutelar
- III.2. El debido proceso y su triple dimensión
- La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo
- derecho a la defensa material y técnica
- Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad
- III.3. La garantía del debido proceso
- “Artículo 8. Garantías Judiciales
- SC 0119/2003-R de 28 de enero.
- 1)
- Derecho a la defensa:
- De las citas y razonamiento desarrollado, se concluye que el derecho a la defensa así sea esta en el ámbito administrativo, debe ser precautelado por toda persona y autoridades donde se haya generado algún tipo de proceso así sea este proceso de orden administrativo sancionador; toda vez que al aperturarse un proceso administrativo, donde existe la seria posibilidad de infligir una sanción así sea esta administrativa por la contravención a normas administrativas, implica que debe escucharse a la persona sometida a un proceso administrativo, con el único fin que pueda defenderse presentando los descargos que considere necesarios y oportunos a su pretensión de defensa, lo contrario implicaría ingresar a un régimen totalitario donde se desconoce el debido proceso en su elemento a la defensa del encausado.”
- III.5. Análisis del caso concreto
- 2º