SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1816/2011-R

Realizada dicha precisión, debe tenerse presente que el derecho a la libertad física o personal se encuentra protegido por normas constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos, siendo deber del Estado proteger y respetar dicho derecho, conforme manda el art. 22 de la CPE. Dada la protección especial que otorga la Constitución a ese derecho, al reconocer garantías normativas y garantías jurisdiccionales para su protección, así como una acción de defensa específica para la tutela de ese derecho, las decisiones que comprometan al mismo, deben de ser procesadas de manera urgente, con mayor razón si se trata de la cesación o sustitución de la medida cautelar de detención preventiva, ya que la tramitación, consideración y concreción de la libertad personal, mediante ésta o cualquier otro procedimiento legal vinculado a ella, no sólo conlleva la obligación de la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también de todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en su procedimiento, más aún de quien tenga la facultad de hacer efectiva la libertad del imputado, en esa misma línea, la abundante jurisprudencia constitucional al respecto indica: