AUTO CONSTITUCIONAL 081/2011-RCA

          Analizado el contenido y los antecedentes de la acción, respecto a las causales de improcedencia o inactivación, señaladas en el art. 96 de la LTC y desarrolladas por la jurisprudencia constitucional, se evidencia que el accionante peticionó la declaratoria de nulidad del proceso de usucapión seguido por Porfirio Nicomedes Fernández Peñafiel, hasta el vicio más antiguo; es decir, presenten una nueva demanda adjuntando la documentación que respalde la personalidad jurídica de la UCE; y en consecuencia, declaren nula la Sentencia de 20 de diciembre de 2008, el testimonio otorgado y la nulidad de su inscripción en DD.RR., argumentando que los demandantes faltaron a la verdad, por lo que el proceso se llevó a cabo con errores procedimentales, sin darles la oportunidad de asumir defensa y constituye un procesamiento indebido, situaciones que solo puede ser dilucidadas y declaradas por la jurisdicción ordinaria, a través de la demanda de fraude procesal que así lo declare; actuar en contrario implicaría desconocer la naturaleza de la acción de amparo constitucional, que tiene por objeto el restablecimiento de derechos y garantías constitucionales, vulnerados en base a actos u omisiones ciertas y evidentes, pero bajo ningún concepto, declarar que se actuó fraudulentamente en un determinado proceso, ya sea por las partes que intervienen en el o por los errores procedimentales y con ese argumento declarar su nulidad.

Consiguientemente, el accionante no agotó los medios de impugnación ordinarios que la ley prevé a su favor con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional a través de la presente acción de amparo constitucional; en observancia del principio de subsidiariedad, no es posible la admisión de la presente, sino su declaratoria de improcedencia, conforme prevé el art. 96.3 de la LTC.