SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0372/2011-R

El Fiscal de Materia, William Tórres Tordoya, se encuentra a cargo de un proceso investigativo originado en una denuncia y querella presentada por Jaime Cernadas Meneses y Edgar Maldonado Lazcano, en precaria representación de la Empresa Constructora, Chancadora y de Servicios “El Torno” S.R.L. contra Saúl Saldaña Soria Galvarro y otros, requirió, el 27 de febrero de 2009, por el allanamiento de las instalaciones de la referida Empresa.

El 7 de marzo del mismo año, la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz, Miriam Durán Rivera, en la audiencia de imputación formal, fundamentación oral y solicitud de aplicación de medida cautelar, dispuso la nulidad de obrados hasta la solicitud de allanamiento, ordenando la libertad inmediata del imputado Saúl Saldaña Soria Galvarro, Resolución contra la que los querellantes apelaron el 9 de del citado mes y año, que radicó en la Sala Penal Segunda de la Corte Superior.

Con grandes despropósitos, el Juez demandado, desconociendo la existencia de un recurso de apelación en trámite, generado por el propio querellante, excluyendo los principios de bilateralidad del proceso admitió una solicitud, precaria e inadmisible, formulada por Edgar Maldonado Lazcano, de devolución de bienes, ordenando la aprehensión de su representado.

Al presente existe un recurso de apelación en trámite, a causa del cual y de conformidad al art. 396 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), las competencias del Fiscal de Materia y Juez Primero de Instrucción en lo Penal, se encuentran suspendidas, aún así, ante la solicitud detallada en el párrafo anterior se expidió un mandamiento de aprehensión, requisa y entrega de bienes, con facultad de allanamiento.