SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0700/2011-R
Fecha: 16-May-2011
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0700/2011-R
Sucre, 16 de mayo de 2011
Expediente: 2009-20863-42-AL
Distrito: La Paz
Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por José Luis Callisaya Ayala contra Daysi Rosario Luna de Toro, Jueza Quinta de Instrucción de Familia del Distrito Judicial de la Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la acción
I.1.1. Hechos que la motivan
Por memorial presentado el 4 de noviembre de 2009, cursante de fs. 14 a 15 de obrados, el accionante manifestó, que en el mes de junio de 2009, interpuso acción de libertad en función a que la autoridad demandada dispuso mandamiento de apremio contra su persona, la misma que fue declarada procedente por el Tribunal de garantías, la que dispuso la anulación de obrados; ante tal situación, se volvió a tramitar el cumplimiento de asistencia familiar, sin embargo, la notificación con la liquidación y la conminatoria de pago, fueron hechas en su domicilio procesal, las mismas que fueron devueltas en sentido de que se de cumplimiento a las líneas jurisprudenciales establecidas en las SSCC 831/2004-R, 1845/2004-R, 757/2003-R y 1182/2006-R, en sentido de que las conminatorias deben efectuarse conforme lo establecido en el art. 137 inc. 5) del Código de Procedimiento Civil (CPC) o en su defecto conforme lo establecido en los arts. 121 o 124, es decir; de forma personal o en su domicilio real del accionante.
Posteriormente el abogado del accionante se apersonó ante la autoridad demandada, para hacer notar con referencia a las diligencias practicadas por el Oficial de Diligencias y solicitó que se practiqué una nueva notificación en su domicilio real.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante estima vulnerados sus derechos a la defensa y a la libertad de locomoción, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política de Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y se disponga: a) La nulidad de las notificaciones con la liquidación y el Auto intimatorio de fs. 212 y 222 y se deje sin efecto el mandamiento de apremio hasta que proceda conforme lo dispuesto por la jurisprudencia; y, b) Asimismo, pidió la calificación de daño civil, indicando la nulidad; asimismo pide la cesación al proceso y la persecución indebida, y que le restituya su derecho a la libertad.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 5 de noviembre de 2009, según consta en el acta de fs. 37 a 38, de obrados, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El abogado del accionante, en audiencia pública manifestó lo siguiente; i) El 9 de junio de 2009, se interpuso acción de libertad la misma que se declaró “procedente”, en tal virtud, se volvió a notificar con la liquidación y aprobación de la intimación de pago en su domicilio procesal la misma que se dejo en presencia de testigo; ante tal situación, hizo conocer esa irregularidad a la autoridad demandada, alegando que dicha notificación debió ser personal o en su domicilio real; y, ii) Finalmente alega que se declare procedente la acción de libertad.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Daysy Rosario Luna de Toro, Jueza Quinta de Instrucción de Familia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 21 de obrados, manifestó lo siguiente: 1) Con referencia a la notificación efectuada en su domicilio procesal con la liquidación y al incumplimiento de pago de asistencia familiar por parte de su representado, dentro del proceso que se le sigue, se encuentra para emitir el mandamiento de apremio; 2) Desde el inicio del proceso el abogado del accionante realizó peticiones fuera de lugar a las sentencias constitucionales que hace mención el accionante; es evidente que indica que se debe notificar de forma personal o en su domicilio real cuando no se tuviera registrado el domicilio procesal; 3) Asimismo establecer que anteriormente se notificaron en domicilio procesal y no fueron observadas esas diligencias, más al contrario el accionante realizó las respectivas cancelaciones; y, 4) Finalmente, de la revisión de obrados se estableció que en ningún momento hubo vulneración a ningún derecho, además que dio cumplimiento al ordenamiento legal habiéndose notificado con la liquidación y al incumplimiento de la misma se notificó con el mandamiento de aprehensión.
I.2.3. Resolución
La Jueza Cuarta de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 12/2009 de 5 de noviembre, cursante de fs. 39 a 41 vta., declaró “improcedente” la acción de libertad, en base a los siguientes fundamentos: a) Habiendo señalado su domicilio procesal en las que se les hizo conocer diferentes actuaciones; b) El accionante planteó la acción en sentido de que señala la falta de una notificación, sin recordar que él fue quien señalo su domicilio procesal; y, c) Además por las actuaciones efectuadas por el abogado se puede indicar que tuvo conocimiento de todas las diligencias.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal mediante la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, de Necesidad de Transición a los Nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009, es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero del año en curso se procedió a la reanudación del sorteo de causas. Posteriormente, se suspendió el plazo por solicitud de documentación complementaria mediante Auto Constitucional 0066/2011-CA-BIS de 16 de mayo, siendo reanudado el mismo mediante Decreto Constitucional de 17 de junio del presente año, razón por la cual la presente Resolución es dictada dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. El accionante solicitó a la Jueza Quinta de Instrucción de Familia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la nulidad de notificaciones y la devolución de los cedulones, al haber practicado en su domicilio procesal con la conminatoria de Liquidación (fs. 8 a 9).
II.2. Mediante Auto de 24 de septiembre de 2009, el Juez Quinto de Instrucción de Familia dispuso el rechazo de la nulidad indicando que el mismo accionante señaló su domicilio procesal y no se incurrió en ninguna indefensión más al contrario se cumplió con el fin de la notificación (fs. 13).
II.3. El 19 de octubre de 2009, solicitó la nulidad de obrados por la notificación efectuada en su domicilio procesal. Asimismo la autoridad demandada el 15 de octubre de 2009, dispuso que se oficie al Colegio de Abogados a objeto de que se llame la atención al accionante en sentido de que no cumplió con lo previsto en el art. 92.IV del CPC (fs. 10 a 11).
III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
El accionante considera que se vulneró su derecho a la defensa y a la libertad de locomoción, al haberle notificado mediante cédula en su domicilio procesal con la conminatoria de liquidación, asimismo solicitó a la autoridad demandada la nulidad misma que fue rechazada. En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.Alcances de la tutela al debido proceso a través de la acción de libertad y procesamiento ilegal o indebido
Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, determinó los alcances de la tutela al debido proceso a través de esta acción de defensa, es así que en la SC 699/2010 -R de 26 de julio, señalo que: “…la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claro que: ` (…) la protección que brinda el recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes'. (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 0111/2002-R, 0940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R)'. En ese entendido, sólo podrá otorgarse la tutela cuando sea evidente que el derecho a la libertad fue restringido, suprimido o amenazado, o cuando se constate que la inobservancia al debido proceso es la causa directa para restringir, suprimir o amenazar dicho derecho.”
Asimismo, el Tribunal aditamentó a lo desarrollado en sentido que el debido proceso es tutelable por medio de la acción de libertad, cuando “...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre).
Bajo ese mismo entendimiento, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1030/2010-R de 23 de agosto señaló que: “…en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, (…): '… a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad' “ (las negrillas fueron añadidas).
Razonamiento que fue reiterado por la SC 638/2010-R de 19 de julio al señalar lo siguiente: “De acuerdo al contenido por la jurisprudencia constitucional desarrollada, a través del recurso de habeas corpus ahora acción de libertad, sólo se puede tutelar la garantía del debido proceso cuando el acto lesivo sea la causa directa para la restricción del derecho a la libertad y exista estado absoluto de indefensión; debiendo las demás infracciones de la garantía del debido proceso ser reparadas por los mismos órganos que conocen la causa y una vez agotados los recursos e instancias ordinarias, recién se podrá acudir a la justicia constitucional, correspondiendo dicha tutela a la acción de amparo constitucional instituido en el art. 128 de la CPE.”
En consecuencia, la acción de libertad, al igual que resguarda el derecho a la vida, el derecho a la libertad física o personal, el derecho a la libertad de locomoción en aquellos casos en los que está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida, de igual forma tutela el debido proceso, siempre y cuando se presenten en forma concurrente los dos supuestos reconocidos por la jurisprudencia constitucional, esto es, en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dichos actos sean la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
III.2. Análisis del caso concreto
De la lectura a la acción de libertad y de la revisión de los antecedentes procesales que cursan en obrados, se evidencia que el accionante José Luis Calisaya Ayala, alegó que en su contra se instauró un proceso de asistencia familiar por Sonia Chambi Alavi, la que se tramitó en el Juzgado Quinto de Instrucción de Familia, de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, alegando que se hubiera vulnerado su derecho a la defensa y a la libertad de locomoción, por haberle notificado en su domicilio procesal con la conminatoria de liquidación familiar y luego al haberse expedido el mandamiento de libertad, ante tal situación, el abogado del accionante hizo conocer a la autoridad demandada sobre la actuación del accionante y solicitó la nulidad de la notificación, misma que fue rechazada; en consecuencia planteó la presente acción de libertad.
Sin embargo de lo mencionado, conforme se tiene desarrollado en el punto III.1 de la presente Sentencia Constitucional, a través de la acción de libertad sólo se puede tutelar el debido proceso cuando el acto lesivo sea la causa directa para la restricción o privación del derecho a la libertad y exista estado absoluto de indefensión, presupuestos que además deben presentarse de manera concurrente. En los demás casos la parte accionante deberá acudir a la instancia pertinente y a través del medio idóneo cuando se alegue vulneración al debido proceso y solo agotados estos medios ordinarios de producción acudir al amparo constitucional.
En consecuencia, el accionante al haber acudido por la vía de acción de libertad para reclamar violaciones al debido proceso, alegando procesamiento indebido, sin demostrar que concurren los presupuestos exigidos en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo, corresponde denegar la tutela.
Por los antecedentes expuestos precedentemente se demuestra que el Juez de garantías, al haber declarado “improcedente” la acción de libertad, aunque la terminología correcta era la denegatoria, ha efectuado una correcta valoración.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 12/2009 de 05 de noviembre, cursante de fs. 39 a 42, de obrados dictado por la Jueza Cuarta de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés
MAGISTRADO