SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1021/2011-R

Elegido Concejal Municipal de Capinota, sus opositores presentaron una denuncia en su contra ante el Ministerio Público, siendo imputado por la  Fiscal de Materia, Silvia Guzmán el 2 de marzo de 2006, por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, imputación con la que fue notificado el 3 de ese mes y año, a horas 16:15; habiendo transcurrido el término para la prosecución del proceso de forma superabundante, según la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, la etapa preparatoria finaliza en el término de seis meses. En ese entendido, el Ministerio Público, sobrepasó dicho plazo con conocimiento del Juez y la parte querellante, ya que desde el 3 de marzo de 2006 a horas 16:15 -fecha y hora de notificación con la imputación-, al 23 de febrero de 2010, transcurrieron tres años, once meses y quince días sin que el proceso tenga sentencia ejecutoriada.

El Ministerio Público a la fecha de presentación de la acción de libertad, no ha acusado ni ha sobreseído, a pesar de la conminatoria de la Jueza de Instrucción Mixto y cautelar de Santibáñez -en suplencia del Juzgado de Instrucción de Capinota-, al Fiscal asignado al caso el 27 de febrero de 2009 -que no fue cumplida- y por decreto de 9 de diciembre de 2009, la Jueza demandada ordenó se notifique al Fiscal de Distrito para que cumpla con la emisión del requerimiento conclusivo, toda vez que, de acuerdo a procedimiento, el Fiscal de Distrito tiene el plazo de cinco días para tal efecto. Es así que notificada dicha autoridad, transcurrieron más de cinco días sin que se haya dado cumplimiento a la orden antes señalada, habiéndose extinguido la presente acción penal por omisión del Ministerio Público y los querellantes.

Partiendo de dicho incumplimiento, de acuerdo a la SC 0938/2006-R de 25 de septiembre: '…si el Ministerio Público no presenta uno de los requerimientos conclusivos previstos en el art. 323 del CPP es decir: acusación, solicitud de aplicación de una salida alternativa o de un requerimiento de sobreseimiento, el Juez estará obligado a declarar la extinción de la acción penal independientemente que exista o no solicitud de la parte imputada', por lo que correspondería se declare la extinción de la acción.