SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1023/2011-R

Claudio Torrez Fernández y Fernando Torrelio Espinoza, Jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador, en audiencia, informaron que teniendo en cuenta el Tribunal al que pertenecen, el accionante no presentó ante ellos, ningún recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, como tampoco ninguna solicitud de extinción de la acción penal, habiéndose ajustado a dictar la Sentencia 129/2000 de 6 de noviembre, condenando al accionante a la pena de 15 años de presidio, a cumplirse en el penal de Chonchocoro, Sentencia que fue recurrida de apelación y confirmada por el Tribunal de Alzada, así como por el Tribunal Supremo, al declarar infundados los recursos de casación.

En ese entendido, una vez que se les devolvió ejecutoriado el fallo, mediante Resolución 40/2010 de 14 de enero, el Tribunal decretó cúmplase, disponiendo en ejecución de sentencia que se libren los correspondientes mandamientos de aprehensión y de condena contra los acusados condenados, entre los que se encuentra el representado del accionante, por lo que no se ha vulnerado ningún derecho del accionante.