Sentencia: 0975/2011-R

La jurisdicción constitucional, dentro de sus atribuciones, tiene la constante tarea de analizar cuidadosamente los casos en los que se tenga que definir la prevalencia de materialización de unos derechos fundamentales sobre otros, tal afirmación, aunque dura, no significa el establecer una posición que vaya en contra del mandato Constitucional establecido en el art. 13.II de la CPE, que establece que la clasificación de los derechos fundamentales establecidos dentro de su texto no implica ni determina jerarquía o superioridad alguna  entre los mismos.

El tema central radica en las pretensiones de los accionantes, que acuden ante la jurisdicción constitucional denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales, que en algunas ocasiones involucran, como en el caso concreto, que se tenga que analizar no solamente la supuesta violación denunciada -hechos fácticos- sino también el contexto en el que se produjeron los hechos; es así que dentro de los procesos de asistencia familiar, así como los procesos laborales por deudas beneficio sociales, son  los únicos supuestos en los que se pueden restringir el derecho a la libertad física de los y las obligadas, por deudas económicas, debido a que la jurisdicción constitucional ponderó (en ambas circunstancias) que los derechos a la vida, salud y manutención de los hijos en materia de asistencia familiar y los beneficios sociales de los trabajadores en materia laboral, son de protección preferente al derecho a la libertad física de los y las obligadas; todo ello en virtud a que tales grupos sociales se les consideran como grupos vulnerables, por lo que es obligación del Estado el establecer reglas que permitan, en su caso, el lograr el objeto de tener un marco de equidad y igualdad en sus relaciones jurídico sociales.

Dentro de este marco de interpretación constitucional, es claro que el razonamiento de protección preferente de grupos vulnerables es incuestionable dentro de la actual estructura jurídico constitucional, sin embargo el problema se presenta en los límites que deben establecerse al establecer las sub-reglas o precedentes constitucionales obligatorios que tengan este fin, ya que si bien es loable el establecer reglas que permitan la materialización de una asistencia familiar, que eliminen los excesivos ritualismos formales que de alguna manera eviten que se logre este fin, como el establecido en la SC 0989/2010-R de 22 de junio, que cambió la línea respecto a la exigencia de la homologación en un acuerdo transaccional en asistencia familiar dentro de la jurisprudencia constitucional; sin embargo, es necesario el advertir que aunque el objetivo de una sub-regla sea el de evitar trámites morosos y hasta innecesarios, tampoco pueden llegar a vulnerar el núcleo de otros derecho fundamentales de orden procesal, es decir, que si bien el objetivo pueda ser el de establecer precedentes constitucionales que permitan la materialización de determinados derechos fundamentales de grupos vulnerables, tales sub-reglas deben respetar en todos los casos, sin excepción alguna, el derecho al debido proceso y al derecho de defensa.