SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1123/2011-R

         De acuerdo al artículo 241 del CPP la fianza tiene por finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal, por lo que en ningún caso debe fijarse una de imposible cumplimiento, a cuyo fin es menester que el Tribunal o Juez tome en cuenta la situación patrimonial del imputado. En el marco de la distribución de roles y funciones que implica el principio acusatorio que informa al proceso penal boliviano, a fin de que el órgano jurisdiccional conozca y valore esos antecedentes, es decir la situación patrimonial del imputado, corresponderá a éste o a sus representantes recabar y presentar la documentación pertinente al efecto para así acreditar tales extremos. Así lo ha entendido este Tribunal en la SC 1506/2005-R de 25 de noviembre en la que ha señalado que: “no es posible conceder la protección del habeas corpus en este caso, por cuanto      -conforme se tiene expresado en la jurisprudencia anotada-  es el procesado quien debe demostrar con literal idónea y fehaciente todos los aspectos pertinentes para hacer efectivo el beneficio de cesación de detención preventiva sujeto a la fianza que al efecto se le impondrá” .