Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1376/2011-R

Fecha: 30-Sep-2011

II.4.

II.4. La nota de representación de 16 de abril de 2009, emitida por la Secretaria de Cámara de la Corte Superior de Distrito y dirigida al Tribunal de garantías, da cuenta que mediante Resolución de 13 de marzo de 2009, resolvieron el conflicto de competencias, al Juzgado de Partido en lo Penal y Sustancias Controladas el 16 de abril de 2009 (fs. 34); adjuntando para tal efecto el oficio de remisión (fs. 33); ese mismo día la mencionada autoridad, pronunció el Auto 9/2009, donde nuevamente se declaró incompetente en razón de materia y dispuso remisión de actuados al Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial (fs. 65 y vta.); actuación cumplida el 20 de abril de 2009 (fs. 67 y vta.).

I.1.1. Hechos que la motivan
I.1.3. Petitorio
I.2.1. Ampliación de la acción
a)
i)
denegó
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
III.1. Naturaleza
Fragmento 14
una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional
III.2. Ámbito de protección
Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE).
Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento
Tiene por objeto la defensa de los derechos constitucionales de las personas naturales o jurídicas, garantizando el cumplimiento del deber omitido por parte de los funcionarios o autoridades públicas, a lo ordenado por la Constitución Política del Estado o la ley´.
no debe entenderse que la acción de cumplimiento únicamente, procede cuando existe una lesión directa a un derecho fundamental o garantía constitucional presuntamente lesionada, pues, puede suceder que el incumplimiento de la norma o la Constitución no conlleve de modo directo su afectación, sino únicamente de manera indirecta.
la acción de cumplimiento no procede para exigir la realización de normas, y tampoco de resoluciones, dentro de los procesos judiciales, por cuanto, por una parte, dicha labor es propia del órgano jurisdiccional y, por otra, porque el cumplimiento de las normas puede ser exigido por los procedimientos o mecanismos previstos por las mismas leyes, dependiendo del tipo de proceso del que se trate.
Por otra parte, debe considerarse que dentro de los procesos judiciales, las normas procesales establecen los medios de reclamo o impugnación para las partes y mediante estos se cumpla con determinado deber jurídico por parte del juzgador; en ese entendido, son esos medios específicos los que deben ser utilizados por los sujetos procesales dentro de los procesos judiciales y, en su caso, una vez agotados dichos medios, acudir a la justicia constitucional a través del amparo constitucional por omisión para solicitar la tutela por lesión a la garantía del debido proceso.
III.4. Análisis del caso concreto
Fragmento 24
denegado
APROBAR