AUTO CONSTITUCIONAL 0093/2012-RCA-SL

La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que, esta acción tutelar de derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica, el de ser una acción regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez, entendiéndose a este último según el art. 129.II de la Ley Fundamental, al disponer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

De esta manera la jurisprudencia constitucional con referencia al termino para presentar esta acción tutelar, señaló en su AC 0117/2012 de 1 de agosto, que: “…la razón de ser de este principio, es la activación de este medio de defensa de derechos fundamentales, para recibir una respuesta pronta y oportuna de la jurisdicción constitucional, y así el titular del derecho presuntamente lesionado o restringido solicite su protección, en atención a la inmediatez de esta acción extraordinaria, a la materialización de los principios de preclusión y celeridad, que no sólo depende de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda, de modo que cuando no ha sido diligente en su propia causa no pueda pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección. En ese sentido se pronunció la SC 0770/2003-R de 6 de junio, entre otras.

Precisando el alcance de la inmediatez en la interposición de la acción tutelar, la jurisprudencia constitucional ha modulado los lineamientos existentes al respecto, estableciendo en la SC 0347/2010-R de 15 de junio lo siguiente: `…la inmediatez en la activación de esta acción de defensa de derechos fundamentales, es un requisito o exigencia que tiene la persona física o jurídica -según sea el caso- de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del amenaza de restricción o supresión de derechos fundamentales…´; por lo que, el principio de inmediatez faculta al agraviado a hacer el seguimiento oportuno de su reclamo hasta agotar instancias en el tiempo razonable, y en el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración, podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental”.