SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1930/2012

Si bien la acción de libertad, por su naturaleza, no es subsidiaria; no obstante, la jurisprudencia constitucional estableció situaciones excepcionales en las que a través de esta acción, no es posible ingresar al análisis de fondo de una problemática, porque corresponde al órgano jurisdiccional, concretamente a los jueces de instrucción en lo penal (Jueces cautelares), de conformidad al Código de Procedimiento Penal, en ese contexto, el imputado que considere que dentro del proceso investigativo ha sufrido la vulneración de algún derecho fundamental, como el derecho a la libertad entre otros, puede impugnar estos hechos ante el juez de instrucción en lo penal, que con plenitud de jurisdicción y competencia, conforme los arts. 54 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tienen a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, quien es el llamado a reparar las ilegalidades denunciadas mediante la interposición de excepciones e incidentes, quien puede restituir los derechos vulnerados, corrigiendo o anulando las actuaciones, lo que se constituyen en medios de defensa efectivos, idóneos y oportunos.

Entre otros supuestos estableció, que es improcedente o hay subsidiariedad para aquellas situaciones, donde la Policía Boliviana como la Fiscalía hubiesen cometido arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción; señaló, que cuando: “…se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación...”  (SC 0080/2010-R de 3 de mayo).