SCP 2478/2012 de 28 de noviembre

Ahora bien, en el marco de los principios antes mencionados y como se dijo,  debemos considerar la realidad procesal y las circunstancias en la que se encuentran los juzgados cautelares en todo el país, una de ellas es la carga procesal que tienen justamente por la naturaleza de la función que desarrollan dentro del proceso penal e inclusive las características que marcan la transición del sistema inquisitivo y represivo al sistema acusatorio garantista, más aún, si el legislador le ha otorgado al juez cautelar la función de ser el contralor de los derechos y garantías constitucionales en las tres fases de la etapa preparatoria y principalmente, resolver la situación jurídica del imputado disponiendo en su caso, su detención preventiva o medidas sustitutivas; por ello, la labor del Juez cautelar es importantísima en un modelo constitucional garantista y proteccionista como el nuestro, sin embargo, por dichas características del sistema procesal penal y otros factores sociales, han conllevado a la saturación laboral o carga laboral en estas instancias penales, prueba de ello, entre otras cosas es que, en distintas acciones de libertad cuando se ha denunciado dilación indebida, muchas autoridades demandadas han fundamentado e incluso demostrado la carga procesal como las audiencias ya programas que imposibilitaron su señalamiento dentro de los tres días que la SCP 110/2012 estableció; razón por la cual, la mayor parte de las denuncias por dilación en el señalamiento de audiencia, éste Tribunal ha concedido la tutela pese a la situación mencionada.